Economía sumergida: luces y sombras

Un informe universitario de los técnicos de Hacienda publicado hace unos días revelaba que, a raíz de la crisis, la economía sumergida no ha dejado de crecer hasta representar casi un 25% del PIB español, más de 250.000 millones de euros.

La economía sumergida es un fenómeno lleno de sombras, con algunos matices de luz. Estos son, sin duda, la capacidad de sacar a flote familias e individuos y evitar la explosión social de un país con un 25% de paro. Pero dejando esto de lado, hace que Hacienda deje de percibir una jugosa cantidad de impuestos, y la cantidad efectivamente recaudada se revela insuficiente para atender unos servicios (que por otro lado también son demandados por los actores de la economía sumergida). Esto se transforma en una espiral desenfrenada al requerir el Estado endeudarse para pagar estos servicios. Más deuda, así, significa más dificultades para bajar estos impuestos.


Pese a no estar al alcance de todo el mundo, para el que lo está (mayoritariamente sector servicios y determinadas actividades empresariales) evadir impuestos se convierte en un alivio por motivos de supervivencia, tanto de la empresa como del propio individuo. Solucionar este problema, común en toda Europa, requiere plantearse el problema y valorar sus requisitos.

El desgaste social se encuentra fácilmente en las redes sociales.

Por un lado, requiere incrementar en calidad y cantidad las inspecciones de Hacienda, pero también, para no convertir esto en un mero parche, es necesario mejorar la valoración social de los impuestos. A nadie le gusta entregar dinero a cambio de nada y esta es la perspectiva de mucha gente, que ya sea por negligencia del Estado o por la suya propia, ven la carga impositiva como una forma más de exprimir al empleado y al empleador. Además, es difícil mejorar esta valoración si al mismo tiempo se ven casos de presunto pero clamoroso fraude fiscal en que todo el aparato público se moviliza para proteger al presunto defraudador. O si comprueba que pese a serle denegados créditos para mantener a flote la empresa o expandirla, la compra de deuda pública si tiene acceso al dinero de las arcas del Estado.

Utilizar estos fenómenos para justificar el fraude sólo son pretextos, pero no por ello hay que negar que estas justificaciones son una realidad social y que en conclusión, para mejorar la capacidad de recaudación impositiva del Estado, tanto o más útil que elevar los impuestos, es mejorar el punto de vista que la sociedad tiene de ellos. Por un lado luchando contra la corrupción a nivel público para evitar tales justificaciones, y por otro contra la corrupción privada, para ejercer un castigo, y ejemplificar a la vez con él, contra todo tipo de fraude fiscal.

España se encuentra en la media de la UE

El buen uso de estos impuestos, revelado por una política real de transparencia, y la capacidad de retribución de estos, es decir, que el ciudadano o empresario que tribute pueda ver que parte de estos impuestos vuelven a él (o pueden volver en caso de necesidad) son también buenas medidas para mejorar la estima popular a unos impuestos que, tal como anuncia el citado informe, actualmente son eludidos en cuanto las circunstancias lo permiten.